COLOMBIA (Pulso) — La ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, reaccionó a la decisión de un juez que la declaró en desacato, junto con el director del Sena, Fray Ricardo Torres Castro.
El caso está relacionado con el presunto incumplimiento de dos fallos de tutela sobre los derechos laborales de Gregorio Alfredo Dájome Granja. La funcionaria aseguró que la sanción de tres días de arresto corresponde a un caso de reubicación laboral.
López Fuentes afirmó que el expediente se originó antes de su llegada al Gobierno, el 7 de agosto. También sostuvo que ya se habían adelantado las actuaciones correspondientes para acatar las decisiones judiciales.
En su mensaje en X, la ministra responsabilizó al gobierno de Gustavo Petro, al exministro Sanguino y a sus colaboradores. Dijo que la medida es secundaria frente a lo que llamó «ineptitud» y «negligencia».
La sanción impuesta a ambos funcionarios incluye una multa de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de los tres días de arresto.
También anunció que seguirá denunciando presuntas irregularidades y posibles hechos de corrupción ante las autoridades, con pruebas.
El caso deja una señal incómoda para el Gobierno. Un juez activó una sanción contra dos altos funcionarios por desacato. Y el costo institucional vuelve a caer sobre el aparato estatal.
Cuando la burocracia incumple fallos, el ciudadano pierde y el Estado acumula más desconfianza. La discusión ya no es solo jurídica. También es política y fiscal, porque cada tropiezo de gestión termina pagándose con dinero público y con menor credibilidad en las instituciones.
