ARGENTINA (Pulso) — Confirmado. La Cancillería llevará su reclamo por Malvinas al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo.
El Gobierno quiere que el tribunal revise la presentación argentina contra la actividad petrolera en el área del proyecto Sea Lion. Allí operan Rockhopper y Navitas, según la fuente.
Mario Oyarzábal encabeza la estrategia legal internacional. Fuentes oficiales dicen que el objetivo es obtener una decisión sobre la pertinencia del reclamo.
Gran Bretaña rechazó la postura argentina. Sostiene que esas actividades se rigen por la legislación británica de las Malvinas y por el derecho internacional.
Pablo Quirno repitió la línea oficial en el CARI. Dijo que Londres podrá demostrar su posición ante árbitros independientes.
En la Cancillería miran un antecedente de 2012. Entonces, el mismo tribunal dictó un fallo favorable en el caso de la fragata Libertad.
Pero tres fuentes diplomáticas consultadas describieron la jugada como «arriesgada». Advirtieron que gobiernos previos evitaron ese camino por el riesgo de un resultado adverso.
También señalaron posibles derivaciones ante la Corte Internacional de La Haya o el Ciadi. El desenlace, dijeron, es incierto.
La apuesta oficial puede entusiasmar a quienes reclaman firmeza en Malvinas. Pero también expone al país a un terreno jurídico donde el resultado no está asegurado.
Cuando el Estado decide escalar una disputa internacional, pone en juego tiempo, credibilidad y margen diplomático. Si la estrategia falla, el costo lo absorbe la Nación. Si acierta, refuerza una posición histórica sin ceder ante la explotación de recursos.
