ARGENTINA (Pulso) — Guillermo Michel presentó un proyecto de ley para que el Poder Ejecutivo Nacional denuncie dos acuerdos bilaterales con Chile. Ambos hoy otorgan beneficios fiscales e impositivos a empresas chilenas que operan en Argentina.
La iniciativa surge por la reanudación de la ruta comercial Punta Arenas-Malvinas. Michel vinculó ese regreso con una señal de «falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas».
El proyecto pide denunciar el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y el Convenio para Eliminar la Doble Imposición. Ambos fueron aprobados por leyes nacionales y siguen en vigor.
Según la propuesta, esos instrumentos fijan topes para retenciones sobre dividendos, intereses y regalías. Si se denuncian, las firmas radicadas en Chile perderían las ventajas impositivas vigentes cuando invierten o generan rentas en territorio argentino.
Michel sostuvo que Argentina no puede mantener beneficios económicos y fiscales a Chile si sigue «yendo en contra de la causa Malvinas». También pidió que la denuncia no rompa el diálogo ni las relaciones diplomáticas.
El fondo del asunto es simple. O se preserva un marco estable para la inversión, o se usa la política tributaria como herramienta de presión.
En términos de reglas, el proyecto empuja al aparato estatal a castigar con impuestos una conducta política ajena. Eso puede complacer al impulso soberanista, pero también introduce más incertidumbre para la libre empresa y para quienes invierten bajo acuerdos vigentes.
La discusión, en el fondo, enfrenta dos principios: soberanía y previsibilidad jurídica. Cuando el Estado mueve la cancha tributaria por razones políticas, el costo suele terminar en manos de empresas, trabajadores y contribuyentes.