MÉXICO (Pulso) — La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos publicará el miércoles los resultados de la auditoría aplicada a la Agencia Federal de Aviación Civil.
La AFAC es la autoridad responsable de regular y supervisar la seguridad de las operaciones aéreas en México. Analistas ven varios escenarios. Uno de ellos es una posible degradación de categoría 1 a 2, como ocurrió en 2021.
Arturo Duhart, experto en seguridad y socio de Altitude Aviation Leaders, expuso que la FAA podría recategorizar de inmediato a la autoridad aeronáutica. También planteó que México conserve la categoría 1, pero condicionada a corregir hallazgos en un plazo determinado.
Un tercer escenario es que los descubrimientos no se resuelvan en 90 días y México vuelva a categoría 2. Duhart dijo que existe riesgo, pero pidió cautela antes de afirmar una pérdida de categoría.
El experto también reconoció el recorte propuesto cercano a 73% en el presupuesto de la AFAC para 2027. El monto pasaría de 657.5 millones de pesos aprobados en 2026 a 175.4 millones en 2027.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aseguró que la AFAC y el Seneam contarán con recursos extras para operar. Duhart respondió que aún no se sabe cuánto dinero se asignará, de dónde saldrá ni cómo estará disponible.
Juan Carlos Machorro, abogado líder de la práctica transaccional de Santamarina y Steta, dijo que se esperaba un aumento considerable al presupuesto de la AFAC. Recordó que la propia agencia indicó que necesita 2 mil millones de pesos para sus funciones básicas.
Machorro añadió que la reducción de recursos presupuestales ha venido acompañada de menos personal capacitado y menos recursos tecnológicos.
La auditoría busca verificar que la AFAC tenga capacidad efectiva y sostenible para vigilar la seguridad operacional. La FAA establece que una autoridad puede quedar en categoría 2 si carece de experiencia técnica, recursos, organización suficiente o personal técnico calificado.
El caso exhibe el costo de debilitar a la burocracia que sostiene la seguridad aérea. Cuando el presupuesto cae y la vigilancia se fragiliza, el riesgo no lo asume el Estado: lo pagan pasajeros, aerolíneas y contribuyentes.
