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Marroquíes atacan con bombas molotov a militares españoles: tercer ataque en Ceuta en 72 horas

La Guardia Civil detuvo a tres inmigrantes ilegales tras el asalto en San Amaro. Sindicatos militares reclaman amparo legal urgente ante la escalada.
Imagen generada con IA
lunes 31 de agosto de 2026 · 23:18 UTC

Confirmado. La Guardia Civil detuvo el domingo a tres inmigrantes marroquíes en situación irregular. Los acusan de atacar con bombas molotov a una patrulla militar en San Amaro, Ceuta.

Los atacantes usaron botellas con líquido corrosivo. Ningún militar resultó herido. El dispositivo de vigilancia permanente permitió localizarlos poco después del hecho.

Es el tercer ataque contra las Fuerzas Armadas españolas en menos de 72 horas. El miércoles, otro grupo lanzó piedras contra un vehículo militar e hirió a varios efectivos. El sábado, cuatro indocumentados más fueron arrestados por un ataque similar. Hubo heridos. Algunos detenidos ya fueron expulsados del país.

Los tres detenidos de este domingo quedaron a disposición judicial.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) y el sindicato JUPOL exigieron reforzar la protección legal de los militares. «Volvemos a solicitar de manera urgente el reconocimiento de la profesión de riesgo y de los agentes de la autoridad de nuestros militares para que puedan desempeñar su trabajo y sus funciones con la legalidad y el amparo jurídico necesarios», explicaron.

Agregaron: «Lamentablemente, tenemos que estar viendo cómo parece que los militares son el objetivo a batir junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil, que están realizando una labor titánica para devolver la seguridad y la normalidad a la ciudad».

En desarrollo. La secuencia de ataques eleva la alerta entre los cuerpos de seguridad en la ciudad autónoma.

La reiteración de agresiones en menos de tres días expone un vacío legal. Los militares en Ceuta operan sin el mismo amparo jurídico que la Policía Nacional o la Guardia Civil. Los sindicatos lo denuncian desde hace tiempo.

El patrón trasciende lo anecdótico. Sin control migratorio efectivo ni marco legal claro para quienes protegen la frontera, el costo lo pagan primero los uniformados y después la seguridad de toda la ciudad.

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