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Marina del Pilar confirma los audios y niega ilegalidad: «no existe ningún acto ilegal»

La gobernadora de Baja California admitió que las grabaciones corresponden a una conversación privada con personas que se presentaron como agentes estadounidenses. Dice estar tranquila y dispuesta a cooperar con autoridades formales.
Imagen ilustrativa
martes 14 de julio de 2026 · 09:30 UTC

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó este lunes que los audios filtrados corresponden a fragmentos de una conversación privada. Así lo reconoció en un comunicado enviado a reporteros.

Según el documento, las personas con quienes habló «se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses, sin acreditar formalmente dicha representación». Plantearon, según la mandataria, «distintos escenarios legales sin presentar documentos, identificaciones o requerimientos oficiales».

La gobernadora rechazó interpretaciones construidas «a partir de fragmentos aislados». Insistió en que Baja California mantiene coordinación institucional con México y Estados Unidos «dentro del marco legal, mediante canales oficiales». Añadió un principio explícito: «coordinación y comunicación, pero no subordinación».

Los audios fueron publicados por el columnista de EL UNIVERSAL Héctor de Mauleón. Este lunes apareció una segunda columna relacionada con las grabaciones. En uno de los audios, según la misma fuente, Marina del Pilar ofrece colaborar con el FBI.

El PAN exigió su licencia tras la filtración. Según el partido, «no es tema de visas, sino de seguridad nacional», de acuerdo con declaraciones recogidas por EL UNIVERSAL.

La mandataria aseguró que se encuentra «tranquila» y con «plena disposición para aclarar cualquier situación que sea planteada formalmente por las autoridades competentes».

Lectura editorial. Una gobernadora que admite haber sostenido conversaciones con interlocutores no acreditados —sin documentos ni identificaciones oficiales— y que ofrece colaborar con una agencia extranjera genera preguntas de fondo sobre el estado de derecho y la cadena de mando institucional en México. La ciudadanía bajacaliforniana merece respuestas formales, no comunicados de prensa. El aparato gubernamental estatal no puede funcionar como canal paralelo de negociación con actores externos no verificados. La exigencia del PAN de pedir licencia no es capricho opositor: es una demanda de accountability básico.

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