BRASIL (Pulso) — Miles de personas llenaron la Avenida Paulista, en São Paulo, en el acto central de campaña de Luiz Inácio Lula da Silva. La marcha buscó revertir la desventaja del presidente ante Flávio Bolsonaro en el balotaje del 25 de octubre.
Lula planteó dos ejes. El primero fue la movilización de los abstencionistas. Pidió ir a buscar a los más de 30 millones de brasileños que no votaron en la primera vuelta. También dijo que no se puede permitir que «los ladrones vuelvan a gobernar este país».
El segundo eje fue la reducción de la jornada laboral. Lula la presentó como línea divisoria con Flávio Bolsonaro, senador e hijo de Jair Bolsonaro.
El Senado votará el miércoles 14, en primer turno, la propuesta de enmienda constitucional 221/2019. Su presidente, Davi Alcolumbre, la incluyó en la agenda. El texto elimina la escala 6x1, garantiza dos días de descanso semanal remunerado y baja la jornada máxima de 44 a 40 horas sin recorte salarial.
La aprobación no está asegurada. La Cámara de Diputados ya dio su visto bueno en mayo. La Comisión de Constitución y Justicia del Senado también lo hizo el 2 de septiembre. Aun así, la enmienda necesita al menos 49 votos favorables en dos turnos.
La disputa llega con una primera vuelta inesperada. Con el 99,99% de las urnas escrutadas, Flávio Bolsonaro obtuvo 56,1 millones de votos, el 47,03% de los válidos, y Lula 53,9 millones, el 45,16%. La diferencia fue de 2,2 millones de votos.
El último Datafolha previo a la votación daba a Lula 45% de los votos válidos frente a 42% de su rival. El sondeo del 6 y 7 de octubre luego ubicó a Flávio Bolsonaro con 52% de los votos válidos y a Lula con 48%.
En São Paulo, Flávio se reunió este domingo con alcaldes de la región metropolitana. Allí cuenta con el respaldo del gobernador, Tarcísio de Freitas, y del alcalde de la capital, Ricardo Nunes.
La lectura política es clara. Lula intenta convertir la abstención y la jornada laboral en ventaja electoral. Pero el trámite en el Senado sigue abierto. Y el costo político de cada voto será alto para ambos bandos.
También queda en juego el mensaje económico. La reducción de la jornada promete más descanso, pero todavía no tiene ley. En un país con inquietud por el poder adquisitivo, la campaña vuelve a mostrar que la política laboral sigue atada al voto y al aparato estatal.
