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La DEA saca de Caracas a Álvaro Pulido y lo acerca a la justicia de Estados Unidos

Pulido, socio de Álex Saab, estaba preso en El Rodeo por narcotráfico, corrupción y lavado. La maniobra golpea otra trama ligada a contratos estatales y dinero público en Venezuela.
Imagen generada con IA
domingo 11 de octubre de 2026 · 23:08 UTC

Confirmado. Álvaro Pulido Vargas, colombiano y socio de Álex Saab, fue sacado de su prisión en Venezuela y entregado a la justicia de Estados Unidos.

Pulido estaba recluido en la cárcel de El Rodeo. Allí permanecía por casos de narcotráfico, corrupción y lavado de dinero. La información fue dada por el portal Cuentas Claras Digital y corroborada horas después por Carlos Paparoni, dirigente de Primero Justicia.

La Fiscalía estadounidense lo acusa de operar junto a Saab una red de empresas fantasma. Esa red habría servido para obtener contratos millonarios sobre el programa estatal de alimentos Clap.

Según la acusación, con ese dinero se pagaron sobornos a funcionarios venezolanos. También se habrían inflado precios de alimentos importados y enviado productos de baja calidad.

Estados Unidos también lo señala por lavar aproximadamente 350 millones de dólares. La operación habría usado cuentas en Antigua y Barbuda, Malta y Emiratos Árabes Unidos.

Las investigaciones citadas por la fuente sostienen que Pulido y Saab obtuvieron un contrato entre 2011 y 2015 para construir viviendas de interés social. Las autoridades estadounidenses concluyeron que se presentaron documentos de importación y facturas falsas de materiales que nunca llegaron a Venezuela.

En Venezuela, Pulido estaba preso por su presunta participación en una red de corrupción. Esa red habría desviado fondos públicos procedentes de la venta de petróleo de PDVSA.

Las autoridades del vecino país señalaron además que Pulido operó cerca de 19 empresas asociadas. Esas firmas recibieron cargamentos de crudo y dejaron de reportar al menos 1.500 millones de dólares al Estado.

La salida de Pulido vuelve a poner el foco en el costo de las redes que capturan recursos públicos. Cuando el Estado se convierte en botín, pierde el contribuyente y gana la impunidad.

El caso también exhibe el valor de la persecución judicial fuera de Venezuela. La libre empresa no necesita empresas fantasma ni contratos amañados. Necesita reglas, propiedad protegida y castigo al desfalco.

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