COLOMBIA (Pulso) — La Corte Suprema de Justicia aclaró que no hubo negligencia ni dilaciones detrás de la libertad de Iván Name y Andrés Calle. La decisión se conoció tras las críticas en redes sociales por el vencimiento de términos.
Los magistrados de la Sala de Primera Instancia explicaron que el plazo se cumplió después de 12 meses desde la resolución de acusación. Aun así, la etapa de juzgamiento no ha terminado.
La Corte dijo que la defensa practicó 12 testimonios y adelantó diligencias para pruebas documentales. También afirmó que no se evidenciaron maniobras dilatorias que frenaran la práctica probatoria.
Con la boleta de libertad, la Sala impuso una caución de 10 salarios mínimos legales vigentes. La medida busca garantizar la comparecencia de los dos excongresistas al proceso penal.
Name y Calle siguen vinculados al juicio por los 4.000 millones de pesos que, según la fuente, habrían recibido de contratos de carrotanques de la UNGRD para La Guajira. Ese dinero habría servido a cambio de apoyo a las reformas del gobierno Petro.
Sandra Ortiz también quedó salpicada en ese capítulo. Olmedo López y Sneyder Pinilla la señalaron como la «mensajera» para llevarle 3.000 millones de pesos a Name en el norte de Bogotá.
Los mismos testigos dijeron que Pinilla viajó a Montería para llevarle 1.000 millones de pesos a Calle por medio de criptomonedas. La defensa de Calle dijo que ambos estuvieron un año en La Picota mientras se esperaba el testimonio de Carlos Ramón González.
La lectura de fondo es clara. La Corte puso por delante el debido proceso y el límite temporal del Estado. Eso protege garantías, pero también exhibe el costo de una justicia lenta para el dinero de los contribuyentes.
En un caso de corrupción de alto impacto, la burocracia judicial no puede convertirse en castigo indirecto ni en privilegio. El expediente sigue abierto. El orden legal manda más que la presión política o el ruido digital.