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La Corte reabrió la ley de Tierras y expuso su fractura interna

El máximo tribunal alternó dos fallos en diez días sobre la compra de tierras por extranjeros. La disputa dejó al descubierto una convivencia «sensibilizada» y un nuevo frente político.
domingo 11 de octubre de 2026 · 13:14 UTC

Confirmado. La Corte Suprema quedó envuelta en una controversia política por la ley de Tierras.

El conflicto estalló en los últimos 15 días. Todo giró en torno al límite que pueden comprar los extranjeros. La discusión expuso diferencias internas entre los tres jueces como pocas veces antes.

Primero, la Corte dejó sin efecto una medida cautelar que frenaba el DNU de Javier Milei del 20 de diciembre de 2023. El fallo fue unánime. Lo firmaron Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Ese pronunciamiento, aunque técnico, tuvo un efecto político inmediato. Quitó vigencia a la Ley de Tierras. Así dejó de regir el límite del 15% de zonas rurales que pueden adquirir los extranjeros.

Luego, la Corte respondió con un comunicado impulsado por Rosatti y Lorenzetti. El texto aclaró que el fallo no cerraba la discusión. Rosenkrantz no fue consultado, según dijeron sus allegados.

Minutos después, el viernes pasado, llegó el segundo giro. La Corte volvió a dejar en vigencia la ley de Tierras y los límites a la venta de campos.

Esa decisión fue tomada por una mayoría integrada por Rosatti y Lorenzetti, acompañados por los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Rosenkrantz votó en disidencia.

En ese voto, Rosenkrantz sostuvo que los planteos de la ONG Árbol de Pie debían resolverlos primero las instancias inferiores. Solo después podrían llegar a la Corte en revisión.

La mayoría sostuvo lo contrario. Según esa lectura, la Corte debía actuar ahora y otorgar la cautelar. El expediente se movió a velocidad de vértigo.

Más allá de la pelea jurídica, el caso dejó una señal inquietante. La Corte respondió al ruido político con un comunicado y con una marcha atrás parcial. Eso alimenta la percepción de que el tribunal mira el clamor antes que la ley.

Para el contribuyente y para la seguridad jurídica, el costo es claro. Cuando el máximo tribunal oscila, la propiedad y las reglas de juego quedan menos protegidas. Y cuando el Estado se vuelve imprevisible, pierde autoridad y gana la burocracia del conflicto.

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