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La Corte mueve conjueces y vuelve a abrir la pelea por el Paseo del Bajo

La decisión puede reactivar una causa ya cerrada por la obra porteña. En juego está si hubo o no costo para el Estado en la licitación.
Imagen generada con IA
martes 13 de octubre de 2026 · 00:18 UTC

La Corte Suprema convocó a conjueces para resolver si reabre la causa por corrupción contra Horacio Rodríguez Larreta por el Paseo del Bajo.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosekrantz y Ricardo Lorenzetti no alcanzaron una posición unificada. Por eso sortearon a Alberto Dalla Vía y Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, para integrar la mayoría de tres votos.

La causa había quedado cerrada el 27 de octubre de 2021. Entonces, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci consideraron «mal concedido» el recurso de casación presentado por los fiscales Alejandro Agüero Iturbe y Sergio Rodríguez.

Antes, la Cámara Federal había dicho que no hubo irregularidades en el proceso licitatorio. También sostuvo que no existió perjuicio al Estado por la ejecución o la adjudicación de la obra.

Rodríguez Larreta y Guillermo Dietrich habían sido acusados de administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La denuncia apuntó a la adjudicación de uno de los tramos del Paseo del Bajo a Iecsa, cuando pertenecía a Ángelo Calcaterra.

Según la denuncia, se direccionó la licitación del tramo más caro. La PIA también llevó al expediente una investigación basada en un informe de la Auditoría General porteña, entonces a cargo de Cecilia Segura.

Ese informe indicó que la supuesta manipulación del proyecto hizo que Iecsa obtuviera el tramo C por 4480 millones de pesos. El presupuesto total de la obra fue de 8700 millones de pesos.

Los fiscales Mángano y Rodríguez consideran que el cierre fue «prematuro». La Corte deberá definir ahora si habilita nuevas pruebas y reabre el caso.

La señal política es clara. Si la causa revive, el costo institucional vuelve sobre una obra pública ya cerrada por tribunales inferiores. El foco deja de estar en la propaganda de gestión y pasa al control del gasto y de las licitaciones.

También importa el principio. Cuando se discute una obra de 8700 millones de pesos, el Estado tiene la obligación de demostrar transparencia. Si hubo o no perjuicio al dinero de los contribuyentes, eso debe quedar despejado con pruebas, no con cierres apresurados.

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