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Justicia colombiana admite demanda contra la elección de De la Espriella, pero no suspende su mandato

El Consejo de Estado admitió a estudio la acción presentada por un exmagistrado del Pacto Histórico. La posesión del 7 de agosto no se ve afectada.
Imagen ilustrativa
domingo 26 de julio de 2026 · 05:28 UTC

Confirmado. El Consejo de Estado de Colombia admitió para estudio una demanda de nulidad contra la elección de Abelardo De la Espriella como presidente electo.

El auto, fechado el 24 de julio y firmado por el magistrado Omar Barreto, señala que la demanda «reúne los requisitos legales». La Sección Quinta del tribunal lo comunicó este sábado.

El demandante es Luis Guillermo Pérez, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) y miembro del Pacto Histórico, partido del presidente saliente Gustavo Petro.

Pérez cuestiona la resolución del CNE que oficializó los resultados del 21 de junio. Alega que se redujeron los mecanismos de autenticidad e integridad de los formularios E-14 de la Registraduría. Según los demandantes, esas presuntas fallas afectaron la trazabilidad de la información electoral.

Clave: el propio escrito precisa que no afirma la existencia de fraude ni aporta pruebas de alteración de votos. Solo plantea que los presuntos errores técnicos impiden descartar irregularidades.

De manera subsidiaria, la demanda solicita un nuevo escrutinio con auditorías e inspecciones técnicas.

El tribunal ordenó notificar personalmente a De la Espriella, al CNE y al Ministerio Público. Las partes tienen 15 días para contestar y aportar pruebas.

El Consejo de Estado aclaró con precisión: la admisión solo verifica requisitos formales. No es pronunciamiento sobre el fondo. No suspende los efectos de la elección. De la Espriella mantiene su condición de presidente electo.

Su posesión sigue programada para el 7 de agosto.

Lectura de la casa. La demanda llega del aparato político que perdió el poder. Su propio texto descarta el fraude como hecho probado. El Consejo de Estado fue explícito: admitir no es fallar. La estabilidad jurídica de Colombia exige que ese límite se respete. Usar el aparato judicial para dilatar una transición legítima es una señal de alerta para la inversión y el estado de derecho.

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