PERU (Pulso) — El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU publicó un informe de 19 páginas. Concluye que la detención de Pedro Castillo es «arbitraria». Recomienda su liberación e incluso una indemnización económica.
El documento presenta omisiones de peso. No menciona la sentencia del Tribunal Constitucional peruano (expediente 01803-2023-PHC/TC), publicada en abril de 2024. Tampoco incorpora la sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que condena a Castillo.
Sobre la primera omisión, el TC validó la vacancia exprés. En su fundamento 49, los magistrados establecieron que el antejuicio político no era exigible porque Castillo «atentó contra el orden constitucional en flagrancia, al constituirse como un gobernante de facto». El informe de la ONU no aborda este razonamiento.
Sobre la segunda omisión, el grupo de trabajo solo recibió información hasta marzo de 2025, según el documento. Eso explicaría la ausencia de la condena penal. No explica la ausencia del fallo del TC.
El informe también señala, según el documento, que la defensa de Castillo presentó «elementos suficientes» para levantar la prisión preventiva. No explica cómo llegó a esa conclusión. Tampoco menciona que Castillo habría intentado refugiarse en la Embajada de México para solicitar asilo.
El grupo cuestionó además que no se evaluara vigilancia electrónica. El Gobierno peruano sí informó al grupo que el Poder Judicial la descartó: el delito de rebelión no la permite.
El informe habla de una «activa campaña» de autoridades peruanas contra Castillo. No verifica, según el análisis de Infobae, que esos pronunciamientos condenaban el intento de golpe, sin imputar delitos específicos.
Finalmente, el documento recomienda liberar a Castillo pese a que sobre él pesa una prisión preventiva por presuntamente liderar una organización criminal, caso ajeno a los hechos del 7 de diciembre de 2022 que el grupo analizó.
Pulso Global observa: un organismo internacional que ignora fallos judiciales domésticos vigentes no arbitra; emite una opinión parcial. El aparato de la ONU presta aquí su sello a una causa política sin haber procesado la totalidad del expediente. El Estado de derecho peruano —con sus instituciones funcionando— merece más rigor que el desplegado en estas 19 páginas.
