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Houston abre investigación independiente por muerte de mexicano a manos de ICE

El alcalde Whitmire admite que el FBI controla todas las pruebas. La Fiscalía del condado de Harris también abrirá su propia pesquisa.
Imagen ilustrativa
sábado 11 de julio de 2026 · 03:43 UTC

El alcalde de Houston, John Whitmire, prometió este viernes una investigación «independiente y transparente» sobre la muerte de Lorenzo Salgado. El mexicano de 52 años fue baleado por un agente de ICE el martes pasado en Magnolia Park, barrio históricamente latino de la ciudad.

Salgado se dirigía al trabajo junto a su hermano y otros dos compañeros. Agentes de ICE interceptaron la camioneta en la que viajaban. Según la congresista Sylvia García, ni Salgado ni su hermano eran los objetivos del operativo.

Whitmire reconoció que la tarea es «difícil». Razón: «el FBI tiene en su poder todas las pruebas, incluida la camioneta, los pasajeros y el cuerpo de la víctima», según sus propias palabras. El Gobierno federal «está controlando estrictamente ese material».

El relato oficial sostiene que Salgado ignoró instrucciones, chocó contra el vehículo de los agentes e intentó arrollar a uno de ellos. El agente disparó «en defensa propia», según esa versión. Sin embargo, el abogado Hugo Balderas afirmó que los otros tres pasajeros —ahora en detención migratoria— dicen que Salgado no intentó arrollar a nadie y que los disparos «entraron por los lados».

La Fiscalía del condado de Harris anunció anoche su propia investigación. Whitmire dijo que la Alcaldía colaborará y pondrá a disposición toda la información que recabe la Policía de Houston. El alcalde calificó a ICE como «una agencia federal que estuvo fuera de control este martes».

La postura de Whitmire representa un cambio: inicialmente la Alcaldía rechazó abrir pesquisas paralelas a las federales. Al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos, según la fuente.

Pulso Global observa: la opacidad federal complica cualquier rendición de cuentas real. El hecho de que el FBI concentre todas las pruebas limita el alcance de las investigaciones locales. Lo que está en juego es elemental: el uso de la fuerza letal debe ser investigado con transparencia, sin importar la agencia involucrada. Eso no es negociable en un estado de derecho.

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