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Harfuch entrega al piloto clave del caso 'Mayo' y lo justifica: «Expulsamos a quien genera violencia»

México transfirió a EE.UU. a 'El Jando', pieza central del presunto secuestro de Ismael Zambada, mientras la investigación local sigue sin avances.
Imagen ilustrativa
martes 14 de julio de 2026 · 18:26 UTC

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, justificó este lunes la entrega de Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias «El Jando», a Estados Unidos.

«Expulsamos a quien genera violencia en México», declaró el funcionario. Agregó que los presuntos integrantes del crimen organizado «hacían muchísimo más daño aquí en México que en ningún otro lado».

Núñez Ojeda era piloto señalado por su participación en el presunto secuestro de Ismael «El Mayo» Zambada. Según las fuentes, era uno de los hombres más cercanos a Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos.

Según el documento de cargos en EE.UU., «El Jando» operó aeronaves, coordinó pilotos y transportó cocaína, armas y dirigentes del Cártel de Sinaloa desde enero de 2014 hasta abril de 2025. El gobierno estadounidense señaló en agosto de 2025 que podría enfrentar cadena perpetua.

Harfuch explicó que muchos de los entregados tenían órdenes de extradición frenadas «por años» debido a la cooptación de funcionarios penitenciarios y jueces. Desde prisión, según el secretario, seguían cometiendo homicidios y extorsiones.

La Fiscalía General de la República informará sobre los motivos de la expulsión, confirmó Harfuch. Hasta ahora, las autoridades mexicanas no registran avances en la investigación del presunto secuestro del «Mayo» ni en el asesinato de Héctor Melesio Cuén, caso vinculado al mismo hecho.

Las autoridades estadounidenses, por su parte, señalan que el foco debería también apuntar a los actos de corrupción que permitieron al Cártel de Sinaloa construir una red de permisos, aeródromos, matrículas y planes de vuelo.

Lectura editorial. El gobierno de Claudia Sheinbaum entrega a una pieza clave de su propia investigación antes de obtener respuestas de Washington. El aparato de seguridad justifica la transferencia con criterios de orden público, pero la paradoja es clara: México cede el testigo y se queda sin el caso. El contribuyente mexicano financia una secretaría que, según sus propias palabras, reconoce años de cooptación judicial interna. Esa es la deuda real sin saldar.

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