COLOMBIA (Pulso) — El presidente electo Abelardo de la Espriella ordenó iniciar la derogatoria de las resoluciones que crearon las Appa. La instrucción llegó al ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond.
El comunicado oficial lo explica sin rodeos. «El próximo Gobierno revisará estos actos administrativos y sus efectos sobre la producción agropecuaria, la inversión y el desarrollo de las comunidades rurales», dice el texto. El proceso se adelantará, según la Oficina de Prensa del electo, «con celeridad, rigor técnico y seguridad jurídica».
El objetivo declarado es claro. Eliminar restricciones que, a juicio del entrante, afectan «injustificadamente» el uso productivo de la tierra. También: generar empleo, aumentar la oferta de alimentos y mejorar la confianza de productores e inversionistas.
El Ministerio de Agricultura del gobierno Petro respondió de inmediato. En un comunicado, calificó la medida de «retroceso». Argumentó que las Appa protegen el suelo rural agropecuario como «patrimonio estratégico». Durante el gobierno Petro, cerca de un millón de hectáreas en 55 municipios ya fueron declaradas Appa.
El ministerio saliente citó cifras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y del Ideam. Más de 20 millones de hectáreas presentan procesos severos de deterioro. Además, suelos agrícolas del 60% de los municipios tienen afectaciones.
También invocó el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 388 de 1997. Según la cartera, la protección del suelo no es decisión discrecional. Es un mandato jurídico vigente desde hace más de cinco décadas.
El ministerio negó que las Appa sean «mecanismos de expropiación». Aseguró que no restringen actividades económicas ni vulneran la autonomía territorial.
Lectura editorial. El choque es revelador. El aparato estatal saliente defiende regulaciones que, en la práctica, limitan el uso privado de la tierra productiva. De la Espriella apunta exactamente al nudo: la libre empresa y la inversión no prosperan bajo restricciones mal calibradas. La seguridad jurídica que reclama el electo es precisamente lo que el campo colombiano necesita para atraer capital. El debate real no es ambiental. Es sobre quién decide qué hacer con la tierra: el propietario o la burocracia.
