COLOMBIA (Pulso) — El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, publicó este 29 de julio un artículo de balance de los últimos cuatro años. El texto, firmado por él mismo, es un ajuste de cuentas directo con la administración Petro.
La acusación central. Según Rendón, el Gobierno nacional «eligió la hostilidad y el tarimazo con criminales» en lugar de acompañar al departamento. Afirmó que el presidente «dejó libre a Calarcá» mientras los antioqueños recibían «las espinas».
Obras incumplidas. El gobernador señaló que Petro «se borró del Túnel del Toyo» y no ejecutó el Acueducto de Urabá. Según el texto, la Gobernación y el Distrito de Medellín pusieron los recursos. La obra física del túnel culminará en 2026, según el documento.
Seguridad financiada desde lo local. Ante lo que Rendón describió como connivencia de miembros del Gobierno con estructuras criminales —denunciada, según él, por distintos medios—, la Gobernación creó una tasa de seguridad propia. Con esos fondos adquirió drones, vehículos, chalecos balísticos y equipos para fuerzas del orden.
Vivienda y niñez. El Gobierno nacional congeló aportes al Programa de Alimentación Escolar y abandonó Mi Casa Ya, según el gobernador. La respuesta local fue Mi Casa Antioquia Ya: un billón de pesos para 12.500 viviendas nuevas y 41.500 mejoramientos, «especialmente para madres cabeza de hogar».
El caso universitario. Rendón denunció que el Gobierno designó como representante en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia a alias Chulo, «investigado por la Fiscalía como presunto colaborador de las Farc de Calarcá».
Al Gobierno entrante le pidió «capacidad resolutiva», pragmatismo y resultados concretos sobre ideología.
El balance de Rendón ilustra un patrón que Pulso Global ha documentado en otras regiones: cuando el aparato estatal central falla o bloquea, son los gobiernos subnacionales —y el dinero de los contribuyentes locales— quienes cargan con el costo. Antioquia financió su propia seguridad, su propia vivienda y su propia alimentación escolar. Eso no es un logro del Estado central; es la factura que el centralismo ideológico le dejó a los antioqueños.
