COLOMBIA (Pulso) — Confirmado. Eva Ferrer, exconsejera del Gobierno Petro, hizo acusaciones contra Verónica Alcocer.
En entrevista con Semana, Ferrer habló de posibles irregularidades. Mencionó vuelos clandestinos a Venezuela, transporte de estupefacientes, tráfico de armas, lavado de activos y presunta venta de cargos públicos.
La exconsejera dijo que Alcocer habría liderado una red con intereses económicos y políticos. Según su relato, esa red habría operado desde la campaña presidencial de 2022 hasta el final del gobierno.
Ferrer afirmó que en enero de 2023 habrían ingresado a Colombia 2,5 millones de dólares en efectivo procedentes de Venezuela. Dijo que ese dinero estaría destinado a financiar la campaña de Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica.
También señaló que en Casa de Nariño y en la residencia de Grau entraban sacos de dinero en efectivo. Agregó que Carolina Plata y Danilo Romero habrían actuado como presuntos testaferros y administradores de las finanzas personales de la exprimera dama.
La exconsejera mencionó además a los empresarios italianos Enrico Romagnoli y Fabio Mascialino. Los relacionó con hospedajes de lujo, otros gastos de Alcocer y supuestos papeles de intermediarios.
Ferrer sostuvo que recibió advertencias sobre una presunta relación del entorno de Alcocer con tráfico de armas e intermediarios italianos. Dijo que eso la llevó a esconderse durante dos meses.
También habló de una supuesta financiación paralela de la campaña de Gustavo Petro en 2022. Mencionó 50.000 euros por reunión, una entrega de 250.000 euros atribuida a Euclides Torres y otro aporte presuntamente ligado a Diego Marín.
Hasta ahora, las afirmaciones son señalamientos de Ferrer. No se presenta evidencia judicial en la fuente compartida.
La historia toca un punto sensible: el uso del poder, el dinero y los recursos públicos. Si estas acusaciones se prueban, el costo político recaería sobre el entorno presidencial y sobre la confianza institucional.
También queda en juego un principio básico: la rendición de cuentas. Cuando el aparato estatal entra en la zona gris del dinero y los favores, paga el contribuyente y pierde la libre empresa.
Por eso, la pregunta no es solo política. Es de orden, legalidad y control del dinero que circula cerca del poder.