PANAMA (Pulso) — La Unión Nacional de Propietarios de Farmacias (Unprofa) pidió este 31 de agosto al presidente José Raúl Mulino vetar en su totalidad el proyecto de Ley 226. Es el segundo gremio en solicitarlo. Antes lo hizo la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).
El proyecto amplía descuentos para jubilados y pensionados. Fue aprobado con 47 votos en tercer debate. Modifica la Ley 6 de 1987.
Añade 15% de descuento adicional sobre precios promocionales. Sube el descuento eléctrico de 25% a 30%. Suma rebajas en pañales, salud a domicilio y telecomunicaciones.
Unprofa dice compartir el objetivo de proteger a adultos mayores. Cuestiona el mecanismo de compensación: un crédito fiscal contra el Impuesto sobre la Renta (ISR).
Según Orlando Pérez, presidente de Unprofa, en la mayoría de sus farmacias el descuento otorgado supera el ISR pagado. Su ejemplo: $500 en descuentos frente a $300 de ISR. Quedan $200 sin cubrir.
El gremio advierte que esa diferencia golpea el capital de trabajo de las farmacias pequeñas. Sus márgenes rondan entre 15% y 20%.
Pronostica cierres de farmacias comunitarias. También menor acceso a medicamentos y más concentración en las grandes cadenas. Alerta además sobre el empleo local.
La Cciap ya había cuestionado el crédito fiscal del 100%. Pidió evaluar el costo para las finanzas públicas.
La ley también sube las multas por incumplimiento. Pasarían de $50-$1,000 a $500-$10,000.
Unprofa propuso una mesa de trabajo con los ministerios de Comercio, Economía y Salud. El proyecto está ahora en manos de Mulino, quien decidirá entre sancionarlo o vetarlo.
Dos gremios distintos coinciden en el mismo diagnóstico: la ley protege una causa legítima con una factura mal calculada. El costo recae sobre el pequeño empresario, no sobre el Estado que redactó la norma.
La decisión de Mulino será una señal para la inversión y la propiedad privada en Panamá. Vetar y corregir el mecanismo defendería la viabilidad de miles de pymes sin abandonar a los adultos mayores.
