La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano concentra competencias que le permiten anular leyes, reconfigurar atribuciones de otros poderes y reinterpretar el texto constitucional de forma vinculante. Así lo señala un análisis publicado por el columnista García Marvez en La Patilla.
El texto cita al docente Yván Pérez Rueda, de la Universidad de Carabobo y la Universidad Católica Andrés Bello. Según Pérez Rueda, la Sala Constitucional funciona como una «súper-sala». Su criterio es, según el académico, «la máxima fuente de eficacia normativa» del ordenamiento jurídico venezolano.
El argumento central es de orden de prioridades. Pérez Rueda sostiene que la designación de magistrados del Poder Judicial debe preceder a la de los rectores del Consejo Nacional Electoral. La razón: la Sala Electoral del TSJ puede rechazar inhabilitaciones dictadas por el Contralor General. Eso incluye inhabilitaciones a candidatos presidenciales.
El análisis se publica en el contexto de la mesa de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. García Marvez menciona que una llamada telefónica «proveniente de la Casa Blanca» impulsó avances en esa negociación. No precisa fecha ni interlocutores.
El columnista advierte que «lo urgente no debe desplazar lo más importante». Pide pragmatismo y análisis racional al evaluar los escenarios institucionales.
Desde la perspectiva de Pulso Global, el cuadro es revelador. Un aparato estatal que concentra poder interpretativo absoluto en una sola sala judicial no es un sistema de contrapesos: es una cadena de mando disfrazada de derecho. Mientras el debate público se enfoca en el CNE, el verdadero nudo del poder venezolano sigue siendo el TSJ. Quienes negocian con Caracas harían bien en no perder eso de vista.
