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Emboscada en Ceuta: 30 a 40 migrantes ilegales atacan a piedrazos a militares españoles y dejan cuatro heridos

El ataque ocurrió cerca de las 5:30 junto al semáforo de Benzú. Asociaciones militares responsabilizan al Gobierno de Sánchez por desproteger a sus efectivos.
Imagen generada con IA
jueves 27 de agosto de 2026 · 20:06 UTC

Cuatro militares españoles resultaron heridos esta madrugada en Ceuta. Un grupo de entre 30 y 40 inmigrantes ilegales marroquíes los emboscó cuando se dirigían a su punto habitual de vigilancia.

El ataque ocurrió cerca de las 5:30. Los agresores rodearon el vehículo militar en las inmediaciones del semáforo de Benzú. El vehículo no contaba con blindaje. Los efectivos abandonaron el vehículo y escaparon a pie ante la intensidad de la agresión.

Hasta el momento, 12 marroquíes fueron detenidos en relación con los hechos.

La Unión Militar de Tropas (UMT) expresó su «más enérgica repulsa e indignación». La organización afirma que los militares operaban sin medios adecuados de autoprotección y sin cobertura jurídica suficiente. Según la UMT, las autoridades habían sido advertidas formalmente sobre los riesgos en la zona, pero no adoptaron medidas preventivas.

La UMT responsabilizó directamente al Gobierno de Pedro Sánchez: «la inacción del Ministerio de Defensa y la falta de previsión han desembocado en un suceso que pudo y debió evitarse».

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) añadió que los efectivos cuentan con casco y porra reglamentaria, pero tienen orden de no utilizarla. La AUME calificó esa situación de «indefensión».

La agresión se produjo en un contexto de tensión creciente. Durante la noche anterior, un grupo de ciudadanos españoles se había desplazado a la playa de El Trampolín para desalojar un campamento improvisado de inmigrantes ilegales.

Confirmado. En desarrollo.

El cuadro es inequívoco: el Estado envía a sus soldados a una zona de alta tensión sin blindaje, sin respaldo jurídico y con la orden de no usar sus propios medios de defensa. El resultado es predecible. Cuando el aparato estatal prioriza la gestión política de la inmigración ilegal sobre la seguridad de quienes custodian la frontera, el costo lo pagan los militares con heridas. Las asociaciones castrenses llevan tiempo advirtiendo sobre esta «indefensión operativa y jurídica». El Gobierno de Sánchez, según las fuentes, ignoró esas advertencias.

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