ARGENTINA (Pulso) — Confirmado. La Justicia no logró decomisar ni un peso de los US$587 millones que Cristina Kirchner debe pagar por su condena en la causa Vialidad. Pero el Estado deberá pagarle a sus abogados y a los del resto de los acusados casi US$10 millones.
La razón: Vialidad Nacional dejó caer el juicio civil contra los condenados. La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal declaró la «caducidad de la instancia». El juicio terminó.
La inactividad estatal comenzó durante el gobierno de Alberto Fernández. Se consumó entre el 17 de marzo y el 7 de abril de 2025, ya bajo Javier Milei.
La Justicia reguló honorarios por 13.614 millones de pesos para doce abogados. Equivalen a casi US$10 millones, con IVA incluido.
El mayor cobro es para Miguel Ángel Arce Aggeo: 3714 millones de pesos, unos US$2.427.604. Defendió a Villafañe y Santibañez.
Paradójicamente, los abogados de Cristina Kirchner cobrarán menos que el resto. A Goldín le regularon 549,8 millones de pesos (US$359.354). A Muriel, 331,1 millones (US$216.410).
Vialidad presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para revertir la caducidad. Mientras tanto, la Cámara frenó el pago de honorarios el 14 de julio.
Goldín y Muriel fueron a la Corte el 4 de agosto. Denunciaron «privación de justicia» y pidieron destrabar el cobro.
Hay ahora dos expedientes en la Corte sobre Cristina Kirchner y el dinero: la queja de Vialidad y el reclamo de honorarios, más los cuestionamientos de la expresidenta al decomiso de sus bienes.
En desarrollo.
El contraste es elocuente. El aparato estatal no logró cobrarle un peso a la condenada por corrupción. Pero sí garantiza, con dinero de los contribuyentes, el pago a la defensa de los mismos funcionarios kirchneristas condenados o absueltos. La burocracia judicial que dejó caer la demanda termina castigando al bolsillo público, no al patrimonio de los responsables.
