ECUADOR (Pulso) — Ecuador avanza con una reforma penal de fondo. El gobierno de Daniel Noboa presentó la llamada Ley Antimafias ante la Asamblea Nacional. El proyecto ingresa a su primer debate legislativo.
La iniciativa apunta a modificar cómo la Justicia persigue a las organizaciones criminales. Hoy la acción penal se concentra en quienes ejecutan los delitos más graves: asesinatos, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas. La nueva ley busca ir más lejos.
El texto propone identificar los distintos niveles de participación dentro de cada banda. Establece penas específicas según la función de cada integrante. Eso incluye tareas de apoyo, logística, financiamiento, coordinación y administración de recursos.
El objetivo declarado es atacar la estructura completa. Así, las organizaciones no podrían reemplazar a sus detenidos y seguir operando con normalidad. La pertenencia o colaboración con una banda adquiriría relevancia penal propia, aunque el implicado no haya participado en un crimen directo.
El contexto es urgente. Distintas organizaciones vinculadas al narcotráfico han extendido sus actividades en Ecuador. Han protagonizado enfrentamientos por el control de territorios, rutas y negocios ilegales, según recoge la fuente.
El proyecto aún puede sufrir modificaciones durante el trámite parlamentario. No es ley todavía.
Confirmado. La Ley Antimafias es la respuesta más estructural que el gobierno de Noboa ha llevado al Parlamento. Atacar solo al ejecutor material es una estrategia que el crimen organizado aprendió a sortear hace décadas: detienen al sicario, la red sigue intacta. Penalizar la cadena completa —el contador, el coordinador logístico, el financista— es la lógica que han aplicado con éxito otras jurisdicciones. El debate legislativo dirá si Ecuador tiene voluntad política para sostenerlo.
