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Documentos vinculan a Alexandre de Moraes con contrato millonario del estudio de su esposa y el Banco Master

Metadatos ubican al magistrado como último editor del acuerdo. Flávio Bolsonaro exige su renuncia; opositores impulsan un impeachment.
miércoles 2 de septiembre de 2026 · 01:15 UTC

Un nuevo escándalo golpea a Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Documentos revelan su intervención en un contrato entre el estudio jurídico de su esposa, Viviane Barci de Moraes, y el Banco Master.

El acuerdo contemplaba unos R$131 millones en honorarios para el estudio Barci de Moraes Sociedade de Advogados. El banco fue liquidado luego en medio de un escándalo financiero.

Según metadatos extraídos del celular del empresario Daniel Vorcaro, vinculado al banco, el perfil «Ministro Alexandre de Moraes» aparece como último editor de uno de los documentos. El propio estudio jurídico reconoció que el magistrado revisó el texto.

El contrato preveía representar al banco ante el Banco Central, la Receita Federal, el Congreso y la Policía Federal. Vorcaro ya admitió conductas delictivas ligadas a la trama. Mensajes conocidos muestran que buscaba ayuda directa de Moraes.

Flávio Bolsonaro exigió la renuncia del magistrado. Otros dirigentes opositores reclaman ahora un proceso de impeachment.

Moraes encabezó numerosas resoluciones contra el expresidente Jair Bolsonaro y su entorno. Recientemente impuso restricciones a sus visitas familiares y comunicaciones políticas.

Un micrófono abierto captó además a Lula invitando informalmente a Moraes a «tomar un café». El episodio alimentó las críticas sobre la cercanía entre el Ejecutivo y el máximo tribunal. Según lo conocido del caso, Lula había aconsejado meses atrás a Moraes declararse impedido.

El hallazgo de Moraes como editor del documento reabre el debate sobre los límites entre el poder judicial y los intereses privados en Brasil. Para el bolsonarismo, el episodio confirma años de señalamientos sobre la politización del Supremo; para el oficialismo, se trata de un frente más en la guerra política que rodea al tribunal.

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