VENEZUELA (Pulso) — El vuelo 164 aterrizó en Maiquetía el 24 de junio a las 11:40 de la mañana. Llevaba 146 venezolanos deportados desde Estados Unidos. Horas después, un doble terremoto sacudió la zona.
Eduardo José Osal Mujica, de 32 años, era uno de esos pasajeros. Murió en el llamado Hotel Sanitario Negra Hipólita de La Llanada. Su esposa, Danielys Hurtado, pasó cinco días buscando su cuerpo entre cadáveres en bolsas en los silos del Puerto de La Guaira. Por poco se llevó el cuerpo equivocado.
El número de sobrevivientes del vuelo oscila, según la fuente, entre 12 y 32. El Gobierno venezolano no ha publicado cifras oficiales de fallecidos que estaban bajo su custodia al momento del sismo.
El protocolo era claro: al llegar, los deportados entregaban documentos, pertenencias y teléfonos —sin contraseña— a los agentes del Sebin. Quedaban encerrados bajo llave en ese hotel de cuatro pisos, custodiado por la policía, mientras se verificaban sus antecedentes. Las familias no sabían dónde estaban.
Las autoridades venezolanas describieron el internamiento como un «triaje» de salud. Oswadeliz Núñez, madre de Daniel Núñez —otro pasajero del vuelo—, lo rechaza: «Si no tienen antecedentes penales, ¿por qué los tuvieron como detenidos?», según recoge la fuente.
Según el mismo reporte, más de 160 vuelos del Plan Vuelta a la Patria se han coordinado entre Washington y Caracas bajo un protocolo similar de reclusión al arribo. Tras el terremoto, ese protocolo cambió: los dos vuelos operados en agosto aterrizaron en un aeropuerto en el oriente del país; a los pasajeros ya no los retienen.
Los cuerpos extraídos del hotel sanitario llegaron a la morgue improvisada con un brazalete que decía «Repatriado». Danielys identificó a Eduardo por la orden de deportación que llevaba en el bolsillo del pantalón.
Lectura de la casa. El caso del vuelo 164 expone una cadena de responsabilidades que ningún gobierno quiere asumir. Washington deportó; Caracas encerró. El terremoto mató a personas que ya no eran libres. El aparato estatal venezolano retuvo a ciudadanos sin antecedentes, sin notificar a sus familias, y aún no rinde cuentas. Eso no es triaje sanitario: es detención arbitraria con consecuencias letales. Las familias organizadas en grupos de WhatsApp exigen justicia. Por ahora, solo tienen silencio oficial.
