VENEZUELA (Pulso) — El Consejo Superior de la Democracia Cristiana para Venezuela difundió un pronunciamiento este 29 de agosto. Exige convocatoria inmediata a elecciones presidenciales, según el artículo 5 de la Constitución.
La organización sostiene que los hechos del 3 de enero no restablecieron la institucionalidad. Denuncia que el aparato represivo permanece intacto. Afirma que persisten detenciones políticas y centros de tortura activos.
El documento cuestiona la política de Estados Unidos hacia el régimen provisorio. Según el Consejo, Washington negocia con las estructuras del poder sin transparencia. Advierte tolerancia hacia responsables de corrupción.
La agrupación exige garantías de participación para María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Advierte que frenar el proceso electoral haría a EE.UU. corresponsable de la crisis, según su propio texto.
En materia energética, el Consejo recuerda que la producción petrolera cayó de 3,3 millones a 400.000 barriles diarios desde 1999. Critica la Ley Orgánica de Hidrocarburos por falta de atractivos fiscales, según el documento. Denuncia asignación opaca de áreas productivas y ausencia de datos sobre exportaciones e ingresos.
El Consejo también desconoce cualquier renegociación de deuda pública hecha por el régimen provisorio. Argumenta dudosa legalidad en los montos y asesorías contratadas al margen de organismos financieros internacionales.
Firman el comunicado Oswaldo Álvarez Paz, Humberto Calderón Berti, Asdrúbal Aguiar, Gustavo Tarre y otros dirigentes, con Lorenzo Tovar C. como secretario ejecutivo.
El planteamiento expone una tensión de fondo: sin instituciones electas ni reglas claras, ningún compromiso de deuda ni contrato petrolero ofrece garantías reales a inversionistas ni a la población venezolana. La opacidad denunciada por el Consejo, de confirmarse, erosiona la seguridad jurídica que exige cualquier proceso de recuperación económica.
Mientras no exista un gobierno con legitimidad de origen, cualquier negociación sobre recursos energéticos o deuda pública carecerá de respaldo institucional duradero, según se desprende del propio planteamiento del Consejo.
