CHILE (Pulso) — Confirmado. A las 6 de la mañana del jueves 20 de agosto, detectives de la Brigada Anticorrupción de la PDI llegaron al domicilio del senador Miguel Ángel Calisto (Independiente) en Santiago.
Los funcionarios portaban una autorización concedida el día anterior por la jueza Francis Fell del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Calisto entregó voluntariamente su celular y computador, según fuentes consultadas por La Tercera.
La investigación la encabeza la fiscal Constanza Encina. Los delitos indagados: fraude al Fisco, fraude informático, delitos contra la salud pública, falsificación de instrumento privado, cohecho y lavado de activos. Todo vinculado a la empresa Soser y a irregularidades en la entrega de alimentación escolar en la Región de O'Higgins.
Entre las falencias detectadas figuran sobre declaración de raciones, falsificación de certificados, distribución de comida contaminada e incorporación de información falsa a sistemas de la Junaeb. También están indagados el senador Sergio Gahona (UDI), el exdiputado Hugo Gutiérrez (PC) y el abogado Darío Calderón, según el expediente.
Calisto, según su entorno, desconocía esta nueva causa. Enfrenta además investigaciones previas en La Araucanía y Aysén. En una de ellas, el fiscal Hernán Libedinsky pidió 12 años de cárcel en su contra.
Esta semana el senador cambió de estudio jurídico. Renunciaron los abogados Jorge Bofill y César Ramos. Asumió el penalista Nelson Salas.
Salas actuó de inmediato. La tarde del jueves presentó un escrito para obtener copia de la solicitud de Encina que originó la incautación. Argumentó afectación de derechos fundamentales. Además, pedirá audiencia de cautela de garantías para acotar la revisión de los dispositivos a los hechos investigados. El argumento: por su condición de parlamentario, los aparatos podrían contener información sensible bajo reserva.
Pulso Global observa: el aparato estatal avanza sobre un legislador con múltiples frentes penales abiertos. La maniobra defensiva es legítima. Pero la acumulación de causas —fraude al Fisco, cohecho, lavado— dibuja un patrón que el electorado y los contribuyentes tienen derecho a conocer sin filtros. El dinero público mal administrado en alimentación escolar no es un tecnicismo jurídico. Es un daño concreto a los más vulnerables.
