MEXICO (Pulso) — Confirmado. La defensa de Roberto Borge Angulo prepara una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así lo informó el abogado Arturo González Baso en entrevista con El Universal.
El equipo jurídico señala dos frentes. Primero: presuntas violaciones al Tratado de Extradición entre Panamá y México, firmado en 2004. Segundo: condiciones de reclusión en el penal La Chirola entre el 22 de septiembre de 2017 y el 4 de enero de 2018.
El argumento central es el principio de especialidad. Según los abogados, ese principio impedía ampliar la extradición por hechos vinculados a los de la solicitud original. La Fiscalía General de la República formuló un quinto delito en 2019: delincuencia organizada. Lo basó en los mismos hechos que el lavado de dinero y el peculado ya incluidos en la extradición original de 2018.
El 21 de julio de 2021 el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá autorizó la excepción al principio de especialidad. La defensa califica esa decisión como una extralimitación de facultades. González Baso también analiza las actuaciones de los expresidentes Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo Cohen, así como de la exvicepresidenta Isabel Saint Malo de Alvarado.
Borge fue detenido en junio de 2017 en el Aeropuerto de Tocumen. Fue extraditado a México en enero de 2018. Hace dos meses fue absuelto del cargo de delincuencia organizada. Esa absolución, según su defensa, reabre el análisis sobre la legalidad de la ampliación de extradición autorizada en 2022.
La CIDH sería el paso previo. El destino final sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinaría la eventual responsabilidad internacional del Estado panameño.
Pulso Global observa: el caso expone la fragilidad de los mecanismos de extradición cuando la fiscalía amplía cargos sobre hechos ya juzgados. El principio de especialidad existe precisamente para evitar ese uso elástico del aparato penal. Sea cual sea la culpabilidad de Borge, el debido proceso no es negociable. Las garantías procesales no protegen al imputado: protegen al ciudadano frente al Estado.
