COLOMBIA (Pulso) — BOGOTÁ.– Sindicatos y sectores de la oposición se movilizaron el miércoles en Bogotá y otras ciudades de Colombia.
Protestaron contra las políticas del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Las consideran regresivas en temas sociales.
El expresidente Gustavo Petro convocó a manifestarse. Dijo que De la Espriella quiere reducir el salario mínimo. Según Petro, eso aumentaría la pobreza.
La Central Unitaria de Trabajadores también llamó a marchar. Cuestionó medidas que, según su comunicado, buscan «precarizar el trabajo decente, privatizar la educación y limitar el derecho a la protesta».
De la Espriella enfrenta así su primer gran pulso en las calles. El martes publicó un decreto que modifica el protocolo del uso de la fuerza por la policía.
La nueva norma permite intervenir sin agotar necesariamente el diálogo. También autoriza retomar la negociación después del empleo de la fuerza, si cesan las «acciones violentas».
El gobierno sostiene que busca garantizar los derechos de quienes protestan de forma pacífica. De la Espriella afirmó en X que no tolera «la violencia, el vandalismo ni los bloqueos».
A dos meses de asumir, el presidente ya acumula críticas. La oposición teme por los derechos humanos. También rechaza el restablecimiento de relaciones con Israel y los acercamientos con Estados Unidos.
En Bogotá, una profesora dijo que se siente «vulnerable». Un estudiante sostuvo que la oposición representa a una gran parte del país.
También hubo protestas indígenas contra un proyecto de regulación de la guardia indígena.
La tensión deja una señal clara. Cuando el Estado endurece la respuesta en la calle, el costo político sube rápido. La discusión ya no es solo sobre protesta. También es sobre propiedad, orden y el límite real del poder público.
Para el nuevo gobierno, la prueba recién empieza. Si logra imponer reglas claras sin abusos, ganará autoridad. Si cruza la línea, crecerá la desconfianza sobre el uso del aparato estatal contra la disidencia.
