Donald Trump anunció el 28 de agosto un acuerdo para reservar a Estados Unidos la producción de varios campos petroleros venezolanos. No reveló el contrato, la estructura jurídica ni las empresas involucradas.
Minutos después, Delcy Rodríguez habló a la nación. Dijo que el pacto durará 25 años. Abarcará 17 campos. Buscará superar 1,5 millones de barriles diarios. Según ella, Venezuela aporta petróleo, industria y experiencia. Estados Unidos, capital y tecnología. Nada de lo divulgado incluye a Curazao.
Los números impresionan sobre el papel. Amuay y Cardón, en Falcón, suman 955.000 barriles diarios de capacidad nominal. Isla, en Curazao, añade 335.000. El total combinado ronda 1,29 millones de barriles. Pero Paraguaná opera muy por debajo de su diseño. Isla, directamente, no refina.
Según expertos consultados, Washington busca sobre todo crudo pesado para el golfo de México. Isla y Bullenbaai podrían competir por almacenamiento, mezcla y transbordo. También podrían quedar fuera si el crudo va directo a Texas y Luisiana.
Valero y Phillips 66 ya compran crudo venezolano. Citgo busca hacerlo directamente. Chevron opera en el país. Ninguna ha anunciado inversión en la planta curazoleña. Un proyecto de asfalto de Global Oil Management, firmado en 2023, no arrancó y carecía de permisos en agosto.
Mientras tanto, el turismo sostiene la isla. En 2025 llegaron 788.427 visitantes con pernocta, 13% más. La patronal Chata calcula que el sector representa 48% del PIB y más de 20.000 empleos.
El mensaje de fondo es simple: sin contratos firmados ni capital comprometido, ningún anuncio político mueve una refinería. La geografía y la capacidad instalada de Curazao no sustituyen la inversión privada que decide si una planta enciende o sigue parada. Ese es el verdadero cuello de botella, más allá de los discursos en Caracas y Washington.
