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Corte Suprema habilita el fin del TPS: más de 350 mil haitianos y 6.000 sirios pierden protección migratoria

El máximo tribunal resolvió que los tribunales federales no pueden revisar la cancelación administrativa del Estatus de Protección Temporal. La administración Trump queda libre para ejecutar las deportaciones.
Imagen ilustrativa
domingo 26 de julio de 2026 · 09:58 UTC

La Corte Suprema de Estados Unidos falló el 25 de junio. Resolvió que el gobierno federal puede cancelar el TPS para ciudadanos de Haití y Siria. Los tribunales federales no pueden revisar esas decisiones administrativas.

El fallo impacta a más de 350.000 haitianos y alrededor de 6.000 sirios. Todos contaban con autorización para vivir y trabajar legalmente en EE.UU. Quienes no tengan otra vía migratoria quedarán sujetos a deportación.

El juez Samuel Alito lo precisó en el texto del fallo. «La administración actual simplemente se opone al programa, al menos tal como se ha implementado en el pasado», escribió. La mayoría también descartó que los comentarios públicos de Trump sobre haitianos probaran motivación racial.

Los votos disidentes fueron duros. La jueza Elena Kagan sostuvo que esas declaraciones «gritan claramente, tanto en sus matices como en sus tonos raciales, que la raza entró en la resolución». La minoría exigía considerar esos antecedentes en el análisis.

Los abogados de los haitianos, Geoff Pipoly y Andy Tauber, advirtieron según Associated Press que el fallo «provocará directamente la muerte violenta e innecesaria de miles de personas inocentes». Señalaron que ambos países siguen clasificados de alto riesgo por el Departamento de Estado.

El fallo también restringe impugnaciones futuras. Los tribunales ya no podrán revisar el procedimiento ni las irregularidades administrativas en casos de cancelación de TPS.

Representantes federales recordaron que el TPS fue diseñado como mecanismo temporal. En algunos casos su vigencia se extendió más de una década.

Desde la línea editorial de esta casa: el fallo restituye un principio básico. El Ejecutivo tiene autoridad sobre política migratoria; los tribunales no pueden bloquear indefinidamente decisiones administrativas legítimas. El TPS nunca fue un estatus permanente. Extenderlo décadas distorsionó su propósito original. La soberanía migratoria, ejercida con el respaldo del máximo tribunal, es un pilar del Estado de derecho que la administración Trump reivindica con este resultado.

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