PANAMA (Pulso) — La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió un hábeas corpus correctivo. Ordenó restituir derechos fundamentales a 22 privados de libertad. El centro afectado es la cárcel de Las Tablas, provincia de Los Santos.
La orden recae sobre dos autoridades. El director de Sistema Penitenciario, Chanan Singh. Y el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández.
El recurso fue presentado por la abogada Dorlys Cordero. La ponencia estuvo a cargo de la magistrada Ariadne García. El Pleno ordenó correctivos inmediatos.
Los hechos denunciados
Todo se originó en una requisa del 3 de julio. Agentes policiales despojaron a los reclusos de colchones. También de artículos de higiene personal.
Según el recurso, muchos internos debieron dormir en el suelo. Se les restringió además el ingreso de alimentos y agua potable. El hábeas corpus habla de condiciones insalubres durante varios días.
Cordero invocó las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos. Estas garantizan aseo, salud y dignidad humana. El recurso califica lo ocurrido como trato degradante.
El contexto: la fuga de La Joyita
Los operativos se intensificaron tras la evasión de 195 privados de libertad de La Joyita. Eso disparó requisas, suspensión de visitas y controles de ingreso en todo el sistema penitenciario.
Lectura editorial
El fallo confirma algo central para cualquier estado de derecho: ni siquiera una crisis de seguridad exime al aparato estatal de respetar garantías constitucionales. La independencia judicial actuó como contrapeso frente a la Dirección de Sistema Penitenciario y la Policía Nacional.
Para un país que busca previsibilidad jurídica en su institucionalidad, este tipo de control judicial —aplicado sin excepciones, incluso sobre la propia fuerza pública— es la señal que distingue un sistema con reglas claras de uno arbitrario.
