COLOMBIA (Pulso) — Confirmado. El congresista Óscar Benavides, del Movimiento Libres, rendirá versión libre este viernes 4 de septiembre a las 9:00 a. m. ante la Corte Suprema.
Lo citó el magistrado Francisco Farfán, presidente de la Sala de Instrucción. La indagación previa investiga los delitos de captación masiva de dineros y usurpación de función pública.
El caso arrancó con una denuncia de Daniel David Martínez, egresado de Derecho. Señala la colecta pública que Benavides lideró junto a Laura Camila Vargas, de su Unidad de Trabajo Legislativo, para las víctimas del terremoto en Chocó.
Según la denuncia, el congresista y su asistente dijeron que las cuentas pertenecían a una fundación. Tras verificaciones, apareció registrado el nombre de José Francisco Ibalde Ibarra. Es un líder político del Chocó cercano a Benavides, según el denunciante.
El denunciante pidió a la Corte «trazabilidad jurídica, bancaria, contable y material». La cifra en juego supera los 300 millones de pesos. Es lo que, según Benavides, recogió su equipo para los damnificados.
SEMANA reveló en primicia la apertura de la indagación. Farfán abrió el proceso tras recibir la denuncia por reparto.
Benavides respondió en X: «si me van a mandar a la cárcel por ayudar a mi gente del Chocó, me iré con gusto (…) tengo las manos limpias y la conciencia tranquila».
La versión libre del viernes buscará aclarar el destino real de los fondos recaudados.
Lectura editorial. El caso expone un riesgo conocido en la política colombiana: recolectar dinero de ciudadanos sin control institucional claro. Cuando un fondo para víctimas termina, según la denuncia, a nombre de un particular, la pregunta no es solo penal. Es sobre quién vigila los recursos que un congresista pide por fuera del Estado.
La Corte Suprema tiene ahora la palabra sobre la trazabilidad de ese dinero. Mientras no haya claridad, el beneficio de la duda debería ser para los damnificados del Chocó, no para quien recolectó a su nombre.
