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Colombia rompe con la «paz urbana» de Petro: 117 capos de Itagüí trasladados a máxima seguridad el día de posesión de De la Espriella

El nuevo presidente ejecutó el primer golpe de su política de «mano de hierro» horas después de asumir. El pabellón donde los jefes criminales gozaban de privilegios quedó clausurado.
Imagen ilustrativa
domingo 9 de agosto de 2026 · 07:37 UTC

Confirmado. El gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó el traslado de 117 reclusos de alto perfil. El movimiento se ejecutó el viernes 7 de agosto, día de posesión presidencial.

La Presidencia atribuyó oficialmente la orden al nuevo mandatario, en coordinación con el Inpec. Los internos fueron dispersados en diferentes centros penitenciarios del país.

De la Espriella lo dijo sin rodeos: «117 reclusos ya no seguirán delinquiendo desde la cárcel de Itagüí. Los voy a mandar a cárceles de máxima seguridad. En la era del tigre habrá mano de hierro para todos los bandidos, que nadie dude», según su publicación oficial.

El pabellón clausurado concentraba a principales jefes de estructuras criminales del Valle de Aburrá. Según diferentes denuncias, esos internos habrían tenido acceso a celulares y electrodomésticos. En abril de este año, El Colombiano documentó una fiesta con el cantante vallenato Nelson Velásquez en ese espacio.

El Inpec aseguró que el evento no había sido autorizado. La Procuraduría asumió el proceso disciplinario. El gobierno Petro suspendió temporalmente los diálogos y anunció traslados, pero la mayoría de los cabecillas permaneció en Itagüí. Solo se concretó el traslado inicial de alias Pocho, vocero suplente de menor rango.

El nuevo gobierno había anunciado desde antes de asumir que modificaría la política de acercamientos con estructuras criminales impulsada durante la administración Petro.

La concentración de tantos cabecillas en un mismo pabellón, según la explicación oficial, facilitaba la comunicación y coordinación de sus estructuras desde prisión. La dispersión busca cortar esa capacidad operativa.

Esto es lo que se sabe. El contraste con la gestión anterior es nítido: donde Petro apostó por mesas de negociación y diálogos urbanos con jefes criminales aún activos, De la Espriella responde con dispersión carcelaria y cierre de privilegios el primer día de gobierno. El principio en juego es elemental — el Estado no puede ceder el control de sus propias instituciones a quienes las usan para delinquir. La señal llega temprano y en voz alta.

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