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Cocaleros amenazan con retener a policías y militares que intenten detener a Evo Morales en Cochabamba

Las seis federaciones del Trópico aprobaron resoluciones que desafían abiertamente al gobierno de Rodrigo Paz y a la orden judicial vigente contra el expresidente.
Imagen generada con IA
miércoles 26 de agosto de 2026 · 00:08 UTC

Las seis federaciones cocaleras del Trópico de Cochabamba instalaron vigilias para proteger a Evo Morales. Lo confirmaron en una reunión sindical celebrada este domingo.

Las resoluciones aprobadas son directas: si efectivos militares o policiales ingresan a la zona, los dirigentes no garantizarán su seguridad. Vicente Choque, uno de los dirigentes del Trópico, fue más explícito. Según declaraciones difundidas este lunes, afirmó que cualquier policía o militar que ingrese «no va a salir de ahí».

La tensión escala desde que Morales denunció un supuesto plan para atentar contra su vida. El expresidente responsabilizó de manera anticipada al presidente Rodrigo Paz y a su ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, en caso de sufrir algún ataque.

La Justicia boliviana mantiene una orden de aprehensión contra Morales. La investigación es por presunta trata de personas. El Gobierno ha manifestado su intención de ejecutarla.

Moreles permanece en el Trópico desde hace casi dos años. Sus seguidores mantienen allí una estructura de vigilancia para impedir su detención.

El Gobierno no ha informado de un operativo concreto. Sin embargo, las nuevas vigilias y las amenazas contra las fuerzas de seguridad marcan un nivel de tensión inédito en la región.

En el pasado, movilizaciones evistas derivaron en bloqueos de carreteras y enfrentamientos con policías y militares.

Lo que está en juego es elemental: el Estado de derecho. Un aparato sindical organizado desafía abiertamente a la justicia ordinaria y amenaza con retener a agentes del orden. Que una facción política pueda blindar a un imputado con amenazas físicas no es resistencia civil; es la sustitución del orden constitucional por el poder de facto. El gobierno de Paz enfrenta una prueba de autoridad que no admite dilaciones.

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