DINAMARCA (Pulso) — Cinco gobiernos europeos negocian con Ruanda un plan para trasladar a inmigrantes con solicitudes de asilo rechazadas definitivamente. Dinamarca, Austria, Grecia, Alemania y Países Bajos son los países participantes.
El proyecto apunta a personas que agotaron todas las vías legales para permanecer en la Unión Europea. Según el ministro del Interior de Ruanda, Vincent Biruta, tendrán tres opciones: regresar voluntariamente a su país de origen, establecerse en Ruanda o trasladarse a otro territorio con derecho legal de residencia.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, habló de un posible «cambio radical» en la política migratoria europea. Durante una conferencia de prensa en Viena, junto al canciller austríaco Christian Stocker, defendió que el mecanismo responde a las preocupaciones de los ciudadanos.
Stocker fue más directo. Dijo que, si una persona sin derecho a permanecer no puede ser expulsada, «todo nuestro sistema de asilo se vuelve absurdo». Según él, cuando el retorno al país de origen no sea posible, esas personas serán devueltas a un tercer país, como Ruanda.
Biruta sostuvo que la mayoría probablemente optará por regresar a su país. Aclaró que quienes se queden no serán confinados en campamentos, sino incorporados a comunidades locales mediante programas de integración.
El gobierno danés fijó como objetivo comenzar los primeros traslados en 2027. Aún falta cerrar la negociación con las autoridades ruandesas y definir los mecanismos operativos.
El antecedente británico pesa. Reino Unido anunció en 2022 un plan similar, pero el Tribunal Supremo lo declaró ilegal por preocupaciones de derechos humanos, y el gobierno laborista de Keir Starmer lo abandonó tras su victoria electoral de 2024. La diferencia del proyecto europeo es que solo alcanzaría a personas con solicitudes rechazadas y sin recursos legales pendientes. El plan británico incluía también a quienes seguían con su procedimiento de asilo.
Estados Unidos ya trasladó inmigrantes a Ruanda el año pasado, en virtud de un acuerdo separado que contempla hasta 250 personas.
Lectura editorial: el plan traslada a la ciudadanía europea un costo que hoy absorbe el contribuyente, el de mantener indefinidamente a quienes no tienen derecho a quedarse. Para el lector que defiende el orden y el estado de derecho, la medida es una señal de que los gobiernos quieren recuperar la capacidad de decidir quién permanece en su territorio. El punto clave será si el mecanismo se ejecuta con reglas claras y respeto a los procesos legales, porque el precedente británico muestra cuánto puede frenarse una política de este tipo en los tribunales. Sin un marco operativo definido, el anuncio es, por ahora, una intención.



