VENEZUELA (Pulso) — Confirmado. La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada a finales de enero, cambia el modelo: prioriza los Contratos de Participación Productiva (CPP) sobre nuevas empresas mixtas.
La razón es financiera. Según el abogado José Ignacio Hernández, en una empresa mixta PDVSA debe mantener la mayoría accionaria. Eso implica aportes de capital que la estatal hoy no puede cumplir.
La salida del régimen: trasladar costos operativos al privado. Las empresas particulares asumen la totalidad del gasto. Hunt Oil, que operará crudo convencional y gas en Monagas, es el primer contrato bajo esta nueva modalidad.
El problema central es el choque de jurisdicciones. Hernández explicó en el programa «Petroguía» de Fedecámaras Radio que licencias como la 52A de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) exigen una cláusula: los aspectos contractuales se rigen por derecho estadounidense.
Pero desde 1920 Venezuela exige que estos acuerdos se rijan por su derecho nacional. Ni la reforma ni su reglamento permiten expresamente aplicar leyes extranjeras.
El resultado es predecible. Según Hernández, cualquier inversionista estadounidense cumplirá primero con la OFAC. La ley venezolana queda subordinada.
Esto es lo que se sabe: la reforma no resuelve ese conflicto. Lo deja abierto.
Lectura editorial. Venezuela pide capital privado pero no ofrece lo que el capital privado exige: certeza jurídica. Trasladar costos al inversor mientras el Estado conserva el control regulatorio no es un modelo atractivo; es un modelo de riesgo unilateral. Mientras Caracas no alinee su marco legal con las exigencias de la OFAC —o negocie una solución transparente— el dinero seguirá fluyendo hacia mercados donde las reglas no cambian según la conveniencia del aparato estatal. La libre empresa no opera en el vacío jurídico.
