CHINA (Pulso) — Beijing amplió sus facultades para controlar bienes civiles. Confirmado: el Congreso Nacional Popular aprobó la reforma el 28 de agosto.
Entra en vigor el 1 de octubre. Es la primera revisión importante de la Ley de Movilización de Defensa Nacional desde 2010.
El cambio central: la «requisición de recursos civiles» ahora incluye la «expropiación». Según analistas taiwaneses citados en el informe, la diferencia es clave. La requisición implica uso temporal con compensación. La expropiación convierte bienes privados en activos estatales.
La norma obliga a toda organización o individuo a aceptar esa requisición o expropiación. Empresas de inversores taiwaneses o extranjeros en China continental también podrían quedar sujetas, incluidas las conjuntas y las totalmente extranjeras.
Un experto citado en el informe advierte que, en caso de expropiación, los inversores podrían perder sus activos. Esto aceleraría la salida de compañías extranjeras de China, según esa misma fuente.
La reforma integra tecnología civil al Ejército Popular de Liberación. Inteligencia artificial, drones y capacidades cibernéticas quedan bajo el sistema de movilización.
También amplía obligaciones de servicio. Hombres de 18 a 60 años y mujeres de 18 a 55 quedan sujetos. Personal especializado no tiene límite de edad.
En paralelo, nuevas restricciones de salida del país entran en vigor el 15 de septiembre. Analistas citados en el informe temen que Beijing retenga población para necesidades militares.
El desempleo juvenil llegó a 17,9% en julio, según datos citados en el informe. En desarrollo.
La reforma llega mientras crecen las tensiones por Taiwán y el mar de China Meridional. Para el inversor extranjero, el mensaje es directo: la propiedad privada en China depende ahora de una decisión estatal, no de un contrato. Es el reverso exacto de lo que atrae capital y genera crecimiento sostenido.
