ESPAÑA (Pulso) — Las autoridades de Ceuta prepararon este viernes un segundo operativo de desalojo en la playa de El Trampolín. El primero, ejecutado el jueves, trasladó a más de 1.200 inmigrantes ilegales a dos instalaciones temporales.
Uno de los centros, en Loma Margarita, recibió principalmente a personas procedentes del África subsahariana. El otro, en Loma Colmenar, alojó a migrantes magrebíes.
Horas después del traslado, cientos regresaron al arenal. La Administración de Ceuta calculó que alrededor de 500 personas volvieron al asentamiento. Algunos buscaban recuperar pertenencias. Otros reinstalaron tiendas, mantas y refugios improvisados.
Según fuentes policiales, parte de los retornados podría haber interpretado que permanecer en El Trampolín facilitaría su acceso posterior a los recursos de acogida.
El retorno obligó a interrumpir las tareas de limpieza y desinfección por motivos de seguridad.
El Gobierno central y la Ciudad Autónoma preparan tres nuevos emplazamientos: el campo de fútbol de Montesa número 3, la explanada de la antigua fábrica de guano y las instalaciones de la Hípica.
La crisis se originó tras la entrada masiva registrada el 30 y 31 de julio. Miles de migrantes permanecen en Ceuta en condiciones precarias mientras las autoridades buscan solución.
Lectura editorial. El ciclo es revelador: un operativo costoso, un regreso inmediato, un segundo operativo. El aparato estatal gasta recursos del contribuyente en traslados que se deshacen en horas. La señal que perciben quienes regresan —que la presencia en la playa abre puertas a la acogida— es un incentivo perverso que ningún centro temporal resuelve. Sin una política de retorno efectiva y fronteras con consecuencias reales, cada desalojo es solo un paréntesis.
