ARGENTINA (Pulso) — El ministro de Economía, Caputo, salió al cruce de publicaciones que lo vinculaban con el Grupo Lenor y con el empresario Made. Lo hizo este lunes en su cuenta de X.
Según el documento, el «periodista» Beto Valdez afirmó, sin pruebas, que un cambio en el sistema de control de surtidores de combustible habría beneficiado a ese grupo. También señaló una supuesta cercanía entre Made y el entorno del ministro.
Caputo lo negó de forma directa. «Nunca en mi vida escuché ni siquiera hablar de un grupo Lenor, ni de un empresario Made», escribió según la fuente.
El ministro fue más lejos. Reclamó acción judicial y legislativa: «La justicia debería actuar. Necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas. No es razonable que alguien escriba cosas sin ningún tipo de sustento y no tenga consecuencias», citó la fuente.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Sturzenegger, respaldó la postura. Según la fuente, afirmó que la modificación regulatoria «eliminamos un subsidio que el Estado le imponía a los contribuyentes en beneficio de las grandes petroleras para bancar controles que debían hacer ellas mismas».
En desarrollo.
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El episodio expone una tensión real. Un funcionario niega hechos concretos; el periodista que los publicó no aportó pruebas documentadas, según las fuentes disponibles. Eso es relevante.
Pero la solución que propone Caputo —una ley que sancione la desinformación— abre un riesgo distinto: quién define qué es mentira y quién aplica la sanción. En manos del aparato estatal, ese instrumento puede volverse contra la prensa legítima. El libre mercado de ideas exige responsabilidad civil y judicial, no censura por decreto. Ese matiz importa, aunque la indignación sea comprensible.
