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Brasil: el gobierno de Lula impulsa prohibir Discord tras muerte de adolescente, pero expertos advierten efecto contrario

La primera dama Janja da Silva exige el bloqueo «cueste lo que cueste». Especialistas en seguridad digital alertan que la medida empujará a los usuarios hacia VPN y oscurecerá aún más los delitos.
domingo 9 de agosto de 2026 · 18:51 UTC

El gobierno de Lula da Silva busca prohibir Discord en Brasil. El detonante: la muerte de una adolescente de 13 años en Naviraí, Mato Grosso do Sul, el 22 de julio.

Cinco adolescentes de entre 13 y 17 años fueron detenidos. Un joven de 18 también fue arrestado. Las autoridades señalan que el grupo usaba Discord y Telegram para captar víctimas.

La primera dama, Janja da Silva, encabeza el impulso a la medida. «Tenemos que bloquear a Discord en Brasil cueste lo que cueste», afirmó en un acto oficial en el Palacio de Planalto. «No puedo aceptar ver a una niña de 13 años autolesionándose en directo por internet, en Discord».

Desde el Ministerio de Justicia, el secretario nacional de Derechos Digitales, Fernandes, confirmó que la policía solicitó la suspensión del servicio. El Poder Judicial rechazó esa solicitud.

La propuesta enfrenta críticas técnicas directas. Tavares, presidente de SaferNet Brasil, advirtió: «Los delitos seguirán ocurriendo, probablemente dentro del propio Discord, utilizando VPN y otras herramientas de acceso que eluden los bloqueos».

Según Tavares, el bloqueo tiene «un efecto contraproducente»: extiende el uso de herramientas de evasión. Citó como precedentes a Rusia, Turquía, Egipto, Irán, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos, donde Discord ya está bloqueado y las VPN proliferan.

Los delitos, además, podrían migrar a otras plataformas legales, según el mismo análisis.

Lectura editorial. El aparato estatal brasileño responde a un crimen atroz con el reflejo más antiguo del intervencionismo: prohibir la herramienta, no perseguir al criminal. El Poder Judicial ya frenó la medida una vez; la presión política insiste. Cuando el Estado bloquea plataformas, no elimina el delito: lo vuelve invisible. Los contribuyentes brasileños financiarían una burocracia de censura digital que, según los propios expertos, agrava el problema que pretende resolver.

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