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Bélgica detiene a decenas de inmigrantes irregulares tras citarlos con promesa de regularización

La Oficina de Inmigración convocó a extranjeros sin papeles para «estudiar sus casos» y terminó iniciando su expulsión.
Imagen generada con IA
sábado 29 de agosto de 2026 · 01:53 UTC

Confirmado. Bélgica ejecutó un operativo migratorio en Bruselas el 28 de agosto. Decenas de extranjeros en situación irregular fueron citados bajo la promesa de estudiar una eventual regularización.

La convocatoria funcionó como mecanismo de control. La Oficina de Inmigración belga diseñó el plan. Extranjeros indocumentados y solicitantes de asilo acudieron voluntariamente a las dependencias oficiales.

Las fuerzas de seguridad cerraron los accesos al llegar los citados. Identificaron a cada presente. Verificaron identidad y país de origen de forma minuciosa.

Parte de los convocados terminó detenida en el momento. Las autoridades belgas iniciaron los trámites legales para su expulsión y retorno a sus países de origen. El operativo fue reportado originalmente por el periodista Unai Cano.

Círculos defensores de derechos de inmigrantes cuestionaron el uso de citas administrativas para detener personas. Medios marroquíes calificaron la acción de «emboscada ilegal», según recogió la fuente consultada. Bélgica no emitió una calificación oficial en ese sentido y sostiene que actuó dentro del marco legal.

En desarrollo. No hay cifra exacta de detenidos confirmada por fuentes oficiales belgas, ni plazos definidos para las expulsiones.

El episodio ocurre en la capital de facto de la Unión Europea, mientras el bloque debate endurecer las reglas de retorno para quienes no tienen derecho a permanecer en su territorio. La señal es clara: la regularización administrativa no puede convertirse en un atajo para eludir la ley migratoria.

Bélgica optó por hacer cumplir sus propias normas de soberanía fronteriza, en un continente que durante años priorizó políticas de puertas abiertas. El costo político de esa laxitud recae, en última instancia, sobre los contribuyentes y sobre el propio Estado de derecho que debe garantizar controles creíbles.

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