ARGENTINA (Pulso) — Las aguas vuelven a enturbiarse en Avellaneda. Según Infobae, la barra de Racing —Los Pibes de Racing— atraviesa una crisis interna desde marzo pasado.
Ese mes, su líder Leandro Paredes recibió derecho de admisión por tiempo indeterminado. La causa: agresión a Walter Alagastino en la platea del Cilindro.
Paredes dejó al frente a Martín Ramírez. Según la fuente, Ramírez endureció las relaciones internas. El malestar creció. Gente vinculada a la seguridad del club consultó a funcionarios municipales, policiales y provinciales sobre un posible indulto. La respuesta fue tajante: «Ninguna, sería un escándalo».
Se intentó entonces habilitar a Braian Paredes, hermano del líder. Tampoco prosperó: tiene causas judiciales desde hace tres años.
Ante los rumores de rebelión, Leandro Paredes convocó una reunión en el club Pinocho de Villa Corina. Asistieron 200 personas que, según la fuente, le juraron lealtad. También estuvo presente Rubén Castiñeiras, conocido como el Pepo.
Lo más llamativo: participó un grupo del sector disidente de la barra de Independiente, llamado Del Rojo de Verdad. El hombre más visible fue Eduardo D'Aquila, alias Pachi. Según Infobae, en 2018 fue detenido acusado de integrar una asociación ilícita junto a Pablo Álvarez y otros 18 barras, aunque terminó fuera del proceso judicial.
En paralelo, en el partido de Independiente ante Atlético Tucumán por Copa Argentina —derrota 4-0—, 15 personas fueron detenidas con entradas falsificadas. La Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos de Santa Fe, dirigida por Fernando Perevengo, coordinó los operativos. Los datos de los detenidos fueron enviados al programa Tribuna Segura. Recibirán derecho de admisión en todos los estadios argentinos por no menos de seis meses.
Esto es lo que se sabe.
La mezcla de barras rivales en un mismo acto, la circulación de entradas falsas y la incapacidad institucional de resolver la conducción de la tribuna sin recurrir a figuras con antecedentes judiciales son síntomas de un problema estructural. El aparato estatal detecta, detiene y registra. Pero mientras los clubes dependan de estas redes para «gestionar» sus populares, el ciclo se repite. El contribuyente financia la seguridad; la barra administra el acceso.
