ARGENTINA (Pulso) — Argentina presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales. Busca impedir la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.
La gestión quedó confirmada por Presidencia. El comunicado oficial sostuvo que las actividades fueron autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido.
El objetivo inmediato es frenar el avance del proyecto Sea Lion. Ese desarrollo es operado por Navitas, con 65%, y por Rockhopper, con 35%.
Argentina ya había anunciado el 28 de septiembre que iniciaría el pedido de arbitraje. También dio al Reino Unido un plazo de dos semanas para tomar medidas contra el proyecto.
Londres respondió un día después. La subsecretaria Uma Kumaran dijo que el arbitraje es el «último intento» argentino de socavar los derechos de los habitantes de Malvinas.
Kumaran afirmó además que las actividades de hidrocarburos en las islas se hacen conforme al derecho internacional, incluida la CONVEMAR.
La Cancillería argentina rechazó esa lectura. Sostuvo que llevar la controversia a un tribunal internacional es un acto de responsabilidad.
El expediente vuelve a poner en el centro la soberanía y los recursos naturales. También expone el choque entre una decisión política y la lógica de la libre empresa respaldada por el Reino Unido.
Aquí hay algo más que una disputa diplomática. Está en juego quién fija las reglas sobre la explotación de recursos y con qué límites. Cuando el aparato estatal interviene, también define quién puede invertir y bajo qué costo.
