PERÚ (Pulso) — Confirmado. Un operativo nocturno en el penal de máxima seguridad Ancón I dejó al descubierto fallas de control y hacinamiento.
La intervención estuvo a cargo del Grupo de Operaciones Especiales del Instituto Nacional Penitenciario, la Policía Nacional del Perú y fiscales especializados en crimen organizado. Actuaron ante indicios de que internos vinculados con bandas delictivas organizaban secuestros y extorsiones desde sus celdas.
El penal fue diseñado para 1.500 internos. Hoy concentra cerca de 3.700 reclusos. Ese sobrecupo afecta la supervisión cotidiana y la capacidad de respuesta ante incidentes.
Abraham Lezcano señaló que el hacinamiento y el deterioro de los mecanismos de vigilancia limitan el control. Dijo que el sistema tiene más de 90 cámaras instaladas, pero ninguna registra imágenes.
También indicó que los escáneres corporales y los equipos de rayos X no funcionan. Esa falla reduce la detección de teléfonos, drogas, cargadores y otros objetos prohibidos.
Durante el registro del pabellón 2, el personal incautó envoltorios con droga, una balanza digital, cargadores, audífonos y un teléfono móvil operativo. El equipo tenía cinta adhesiva sobre las lentes fotográficas.
En el pabellón 1, las autoridades ya habían encontrado 32 teléfonos móviles y más de cinco kilos de droga ocultos en espacios alterados de la infraestructura. La coincidencia llevó a reforzar la revisión de rejas, techos y baños.
En una de las celdas intervenidas estaba Yojairo Arancibia Sevillano, identificado por las autoridades como lugarteniente de Erick Moreno Hernández, alias «el Monstruo». En el mismo espacio fue ubicado Jackson Mora.
Un celular incautado mostró mensajes sobre la planificación de un secuestro. La documentación fiscal también vinculó a Jimmy Bazán Valderrama con presuntas acciones delictivas. Las conversaciones incluyeron un rescate de 2 millones de soles y listas de posibles víctimas de extorsión.
La evidencia apunta a un aparato estatal rebasado por el desorden interno. Cuando un penal de máxima seguridad no controla cámaras, accesos ni equipos básicos, el costo recae en la seguridad pública y en los contribuyentes.
El caso también reabre la discusión sobre incentivos y responsabilidad. Sin control efectivo, la cárcel deja de castigar al crimen y termina facilitando nuevas redes delictivas.
