COLOMBIA (Pulso) — Confirmado. Agosto será el mes más intenso en los juzgados para el entorno del exalcalde de Medellín Daniel Quintero.
El primer hito llega el 6 de agosto. Ese día el Tribunal Superior de Medellín escucha la sustentación del recurso de apelación. La Fiscalía y la Alcaldía de Medellín —acreditada como víctima— impugnan la nulidad que una jueza declaró el 14 de julio sobre la imputación en el caso Aguas Vivas.
Ese lote, ubicado en Las Palmas, está avaluado en más de $40.000 millones. La jueza consideró que la Fiscalía imputó de manera confusa y ordenó repetir la diligencia. El ente acusador rechaza esa lectura.
El secretario General de la Alcaldía, Sebastián Gómez, anticipó la estrategia ante EL COLOMBIANO: llegarán con una «matriz detallada» para demostrar que la imputación fue «legal y contundente». Subrayó que «las pruebas siguen vigentes» y que existen «4.000 elementos documentales».
Por el caso Aguas Vivas están imputados Quintero y otros 12 exfuncionarios, entre ellos Ingrid Vanessa González, Yina Marcela Pedroza, Carlos Mario Montoya y Fabio Andrés García, entre otros.
El 25 de agosto la Fiscalía imputará cargos a Miguel Quintero, hermano del exalcalde, por el escándalo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva). Los delitos señalados son peculado por apropiación agravado y delitos contra la administración pública. Junto a él responderán Álvaro Alonso Villada García, Sebastián Ortega Urán y Vanessa Álvarez Restrepo. Según la fuente, la Fiscalía evalúa chats y archivos multimedia para determinar el nivel de conocimiento que tenía el propio Daniel Quintero sobre las presuntas irregularidades.
El calendario no para ahí. El 5 de agosto hay audiencia en el juicio oral por zonas verdes. El 14 y 21 están programadas las audiencias de acusación en el caso Metroparques-Cyan. El 20 hay lectura de sentencia en otro proceso. El 25 se suma la audiencia preparatoria del caso PAE.
Esto es lo que se sabe.
Pulso Global observa que el aparato judicial colombiano acumula frente al círculo Quintero una carga procesal inusual para un solo mes. Cada dilación —como la nulidad declarada en julio— tiene un costo real: más tiempo de incertidumbre para Medellín y más recursos del erario invertidos en un proceso que, según la Alcaldía, ya cuenta con 4.000 elementos de prueba. El hecho de que Daniel Quintero ocupe hoy la Superintendencia de Salud del gobierno Petro añade una dimensión política que los contribuyentes colombianos no deberían ignorar.
