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Agente de ICE acusado de disparar a través de una puerta podría quedar libre este jueves en Texas

Christian Castro enfrenta cargos en Minnesota por asalto y denuncia falsa. Texas podría liberarlo al cumplirse 90 días de detención.
Imagen generada con IA
miércoles 26 de agosto de 2026 · 13:24 UTC

Confirmado. Un agente de ICE identificado como Christian Castro podría salir de la cárcel de Brownsville, Texas, este jueves.

Castro está acusado en Minnesota de disparar a través de la puerta de una vivienda en Minneapolis el 14 de enero. La bala hirió en la pierna a Julio Cesar Sosa-Celis, de 24 años. El proyectil quedó alojado en la pared de un cuarto infantil.

Los fiscales afirman que Castro acusó falsamente a Sosa-Celis y a otro hombre de atacar a un agente de ICE con un palo de escoba y una pala de nieve. Los cargos incluyen asalto y denuncia falsa.

Minnesota lleva meses buscando su extradición. La ley de Texas obliga a liberarlo tras 90 días de detención. Ese plazo vence hoy.

El gobernador y el fiscal general de Minnesota presentaron una demanda para obligar a Texas a devolver a Castro. También piden impedir que el sheriff del condado Cameron lo libere.

El martes, el juez federal Fernando Rodriguez Jr. escuchó los argumentos en Brownsville. Dijo estar inclinado a no bloquear la liberación. Prometió emitir una orden el miércoles.

Abogados de la Oficina del Gobernador de Texas argumentaron que la demanda es prematura. Señalaron que el gobernador Greg Abbott aún no ha decidido formalmente si concede o niega la extradición.

Abbott ordenó una investigación interna para determinar si Castro es legalmente un «fugitivo». La semana pasada declaró que no respondería a la solicitud de extradición. Citó investigaciones sobre fraude en programas sociales en Minnesota.

La abogada de Minnesota, Kimberly Ann Svendsen, respondió ante el juez: «No queda nada legal por investigar».

El caso enfrenta dos lógicas en tensión. Por un lado, el proceso penal estatal de Minnesota exige respuesta. Por otro, la disputa entre gobernadores convierte el asunto en un pulso político. Lo que está en juego es simple: si un agente federal acusado de mentir para justificar un disparo puede eludir la justicia estatal por maniobras entre capitolios. El principio de rendición de cuentas no debería depender de qué gobernador responde primero el teléfono.

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