Confirmado. Ministerios y Asamblea Nacional de Panamá emplean al menos 590 asesores. El costo anual en salarios supera los $22 millones, según datos publicados por La Prensa.
La distribución es llamativa. Quince ministerios concentran 180 asesores. La Asamblea Nacional, por su parte, alberga 400. Es decir, el Legislativo acapara más de dos tercios del total.
El aparato asesor no ha impedido que decisiones del Ejecutivo sean demandadas y declaradas inconstitucionales por la Corte, según el análisis de La Prensa. Tampoco ha evitado que licitaciones públicas se conduzcan con errores.
En la Asamblea, el cuestionamiento es directo. Diputados han propuesto que se les compute asistencia cuando en realidad estén ausentes de sus curules. Ahora impulsan además la «gestión» y «fiscalización» de proyectos comunitarios en sus circuitos electorales, función que —según el análisis— no les corresponde constitucionalmente y para la que, según La Prensa, probablemente no están preparados.
Esa expansión de funciones, advierte el texto, podría usarse como pretexto para inflar aún más la planilla legislativa.
Lectura editorial. Pulso Global lo dice sin rodeos: 22 millones de dólares del contribuyente panameño financian una burocracia que no rinde cuentas públicas verificables. Ninguna página web institucional divulga actividades ni resultados de estos asesores, según la fuente. Eso no es asesoría; es gasto opaco.
El gobierno de Mulino enfrenta aquí una prueba concreta de su compromiso con la austeridad y la transparencia. Reducir esta planilla, exigir métricas públicas de desempeño y devolver al Legislativo su función constitucional —legislar, no gestionar obras— sería una señal real de que el Estado panameño puede funcionar con menos y mejor. El dinero ahorrado tiene usos más urgentes.
